La ministra Bridget McKenzie ha mellado más la reputación del gobierno australiano, que aún está convaleciente por la respuesta que dio el primer ministro Scott Morrison a los incendios forestales. El escándalo político de la senadora McKenzie por el uso de fondos públicos para atraer votos antes de los comicios pasados ha dado paso a una tormenta política con ramificaciones legales, que además pueden poner en entredicho a la democracia del país.
Este escándalo político comenzó la semana pasada cuando la Oficina de Auditoría Nacional Australiana (ANAO, por sus siglas en inglés) destapó la caja de Pandora: McKenzie, había utilizado, cuando era ministra de Deportes, unos 100 millones de dólares del Programa de Subvenciones para las Infraestructuras Deportivas Comunitaria (CSIG, siglas en inglés) para destinarlos a organizaciones en los escaños marginales, con el fin de atraer votos.
Al CSIG, creado a finales de 2018 para ayudar y alentar a la población a hacer deportes en sus comunidades, postularon 2.000 organizaciones. Durante las tres rondas de subvenciones realizadas entre diciembre de 2018 y abril de 2018 se entregaron 100 millones de dólares a 684 organizaciones como el equipo de rugby de los Sydney Swans como el club de bolos Yankalilla Bowling Club.
Desde el destape han comenzado a surgir detalles del escándalo como son los 500,000 dólares que se dieron al Mosman Rowing Club en el escaño de Warringah, que le arrebató la independiente Zali Steggall al exprimer ministro Tony Abbott, bajo este programa.
La Oficina de Auditoría, que analizó si el uso de las subvenciones de este programa se realizó de forma transparente y mediante un proceso adecuado, determinó que aquellos que recibieron el dinero no necesariamente tenían “más méritos” y el proceso de distribución “fue tendencioso”.
El problema de la entrega de las subvenciones se realizaron en los escaños “marginales” o esquivos, en donde la Coalición quería ganar.
La Oficina de Auditoría determinó que los proyectos que estaban ubicados en los electorados que quería mantener o codiciaba la Coalición tuvieron más éxito en la concesión de los fondos deportivos tuvieron más éxito por este motivo más que “sobre la base de los méritos evaluados en relación con las directrices del programa que fueron publicadas".
McKenzie asegura que el programa ha tenido éxito y que se ha usado bien el dinero de los contribuyentes, incluso “aumentando el número de proyectos que han sido entregados a los clubes deportivos locales en electorados del Partido Laborista”.
Scott Morrison heads a ball in 2019 (left), Senator Bridget McKenzie kicks an AFL ball in 2019 (right). Source: AAP
“El informe de la Auditoría General es realmente claro. No se ha violado ninguna regla. Cada uno de los proyectos financiados era elegible”, comentó la ministra de Agricultura y senadora australiana.
Por su lado, el primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo el lunes al Canal 9 que está intentando "esclarecer los problemas legales que se señalan" en el informe.
El destape de la Oficina de Auditoría no solo pone en entredicho el sistema de financiación de fondos, que en última instancia proviene del dinero que pagan todos los contribuyentes, sino también “en la confianza que se tiene en el sistema de gobierno”, apunta Maria O'Sullivan, subdirectora del Centro Castan para la Ley de Derechos Humanos de la Universidad Monash.
McKenzie usurpó las funciones de Sports Australia
El Programa de Subvenciones para las Infraestructuras Deportivas Comunitaria (CSIG, siglas en inglés) debe ser administrado por la Comisión Australiana de Deportes o Sports Australia, una corporación que tiene sus propias reglas y es independiente del gobierno, a pesar de que en última instancia es controlada por el gobierno federal.
Sports Australia era la que debió decidir sobre la concesión de los fondos deportivos comunitarios, pero la entonces ministra de Deportes Bridget McKenzie dejó en claro que ella sería la que tomaría las decisiones, soslayando una recomendación del Ministerio de Salud, del que dependía, en el que se recalcaba que debía buscar asesoría legal para saber si esto era posible o no, según apunta la revista de análisis político Crickey.
Así McKenzie decidió a quién daría los fondos, basándose en las “recomendaciones” de Sports Australia, que aparentemente ignoró.
La Oficina de Auditoría subrayó que “no había una autoridad legal evidente para la ANAO que permitiría a la ministra aprobar el pago de las subvenciones del programa CSIG del dinero de Sport Australia”.
Para otorgar el dinero de la CSIG, Sport Australia debía evaluar cada proyecto respecto a una serie de criterios y darle una calificación general. Para obtener el dinero, el proyecto debía tener una calificación de 74 sobre 100.
Pero con la intervención de la ministra, 417 proyectos, es decir el 61 por ciento de los que fueron aprobados, no alcanzaron esta calificación, de acuerdo al diario The Guardian, que agrega que uno de estos recibió un puntaje de 39.
Esto sucedió porque la ministra McKenzie, quien debía dar el visto bueno final, puso en consideración factores externos a los lineamientos de Sport Australia.
Las ramificaciones políticas y legales
El escándalo de McKenzie ha motivado a políticos de todas las tiendas como el líder laborista, Anthony Albanese; la independiente Zali Steggall; y la líder de Una Nación, Pauline Hanson, a pedir su dimisión, aunque esto no signifique su funeral político, dado que como antecedente está el de la actual ministra del Ambiente, Sussan ley, quien en 2017 tuvo que salir de la cartera de Salud tras financiar con dinero público un viaje para comprar una propiedad en la Gold Coast.
No es el primer escándalo que afronta el gobierno de la coalición dado que la actua
Además de las críticas, en este proceso, McKenzie no solo corre el riesgo de perder su puesto sino también de tener que asumir un proceso penal dado que la Ley de Gobernabilidad Pública, Actuación y Responsabilidad que indica que si un ministro es responsable de la pérdida de dinero público por su actuación “inapropiada”, éste debe devolver parte del dinero en función a lo que se considere “justo y equitativo” a lo que se le atribuye como parte de su responsabilidad.
Asimismo tanto los clubes que recibieron los fondos como los que no recibieron pueden estar en procesos legales, los primeros por aparentemente haber recibido las subvenciones de forma dudosa y por ende con la posibilidad de que se les reclame un reembolso, y los segundos por haber sido excluidos.
De hecho ya la firma legal Slater and Gordon analiza una demanda colectiva por parte de las organizaciones cuyas solicitudes fueron rechazadas, mientras que se cocina en el Senado la posibilidad de una investigación en torno a este contencioso.
Para escuchar más historias de SBS en español, visita :
