El caso de la joven salvadoreña de 20 años Imelda Cortez, quien recobró su libertad el lunes tras ser acusada de homicidio después de tener un parto natural en un retrete de una bebé que fue producto de la violación de su padrastro, sienta precedente en su país. Amnistía Internacional recuerda a SBS Spanish (SBS Español) que “al menos 23 mujeres y niñas están encarceladas por la prohibición total del aborto en El Salvador”.
“Imelda fue víctima de violencia sexual por parte de su padrastro desde los 12 años de edad. En 2016, se embarazó de él, tuvo un parto no atendido fuera del hospital y, cuando finalmente llegó al hospital, fue acusada de homicidio agravado”, explicó a SBS Español, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Como sucede con frecuencia en casos similares, personal del hospital la reportó con la Policía Nacional Civil de El Salvador, que la arrestó por cargos de intento de homicidio agravado, ya que su hija sobrevivió. Fue encarcelada en noviembre de 2017 y 13 meses después finalmente fue declarada inocente este 17 de diciembre”, precisó la alta representante de la organización de defensa de los derechos humanos.
El Salvador cuenta con una ley antiaborto muy severa que criminaliza a las mujeres aún en situaciones como el parto extrahospitalario de Cortez, por lo que el sanatorio donde fue atendida informó a la policía.
Imelda afrontó un juicio por homicidio agravado, pero este proceso tuvo un giro inesperado después de que la fiscalía solicitara al tribunal un proceso abreviado" y cambiara la tipificación del delito de tentativa de homicidio a "abandono y desamparo de personas" en perjuicio de su hija.
De ese modo pidió la condena de un año de cárcel y no 20, como había solicitado originalmente.
Este giro se dio porque la Fiscalía cambió del delito se dio por la nueva "política de persecución penal en materia de violencia contra las mujeres", según explicó en un comunicado.
Así, el juez salvadoreño declaró su inocencia en este proceso que constituye un precedente en El Salvador.
"El caso constituye un buen precedente jurídico, criminológico y social en donde se absuelve a una mujer que ha sido víctima primero de la violación, en condición de pobreza, y segundo víctima de un sistema judicial criminalizador, patriarcal e injusto", expresó la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
El proceso
El caso de Imelda Cortez, la joven salvadoreña que estuvo presa varios meses tras ser acusado de homicidio agravado por haber tenido un parto extrahospitalario de una bebé que fue producto de la violación de su padrastro, es uno de tantos por los que atraviesan las adolescentes, jóvenes y mujeres de ese país centroamericano con fuerte influencia de la Iglesia Católica.
Imelda fue acusada de homicidio después de que el 17 de abril de 2017 la joven buscara ayuda médica en el hospital nacional de la ciudad de Jiquilisco, departamento de Usulután, por sufrir una hemorragia, porque según ella “sintió que le salía algo”.
Un grupo de agentes policiales y soldados inspeccionaron entonces la fosa séptica en la vivienda de la joven, en la localidad rural de El Paraíso, donde escucharon el llanto de la recién nacida "llena de heces y de polvo blanco".
La bebé sobrevivió.
Según el parte judicial, Imelda Cortez negó inicialmente haber dado a luz, y arrojó a la bebé a la fosa séptica, lo que "configura el delito de homicidio agravado tentado".
La defensa de Cortez arremetió contra la ley antiaborto de El Salvador, que prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, incluso cuando es producto de una violación o corre peligro la vida de la mujer.
"Imelda representa a las niñas y jóvenes adolescentes que tienen una vulneración de sus derechos humanos en su totalidad. Vemos cómo el Estado, por medio de la penalización absoluta del aborto, condena a mujeres como Imelda, las mete en prisión y otras terminan muertas sin que se conozcan sus nombres", aseguró la abogada Cáceres.
Bajo la consigna "libertad para Imelda", agrupaciones feministas se manifestaron frente al tribunal que ventiló el caso que acaparó la atención de los organismos humanitarios.
Los otros casos
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, explicó a SBS Español que “al menos 23 mujeres y niñas están encarceladas por la prohibición total del aborto en El Salvador”.
“En abril de este año, los legisladores de El Salvador dejaron pasar una vez más la oportunidad de siquiera discutir la reforma para despenalizar el aborto, lo que Amnistía Internacional considera un retroceso enfermizo para los derechos humanos y una falta de voluntad de los legisladores de hacer lo correcto. Es una reforma necesaria que salvaría la vida de mujeres y niñas que enfrentan un peligro innecesario debido a que el estado las sigue criminalizando y violando sus derechos sexuales y reproductivos”, agregó.
Guevara recalcó la importancia del apoyo internacional en defensa de las menores y mujeres salvadoreñas que son víctimas de las leyes que criminalizan el aborto, al recordar el apoyo de 268.630 personas de 60 países que recibió este año una petición circulada por Amnistía Internacional para pedir a la Asamblea Legislativa de El Salvador que despenalizara el aborto.
“Cuando organizaciones internacionales alzan la voz, cuando la gente alrededor del mundo firma una petición o sale a las calles para expresar su postura por un caso o protestar por una injusticia contra una comunidad, las autoridades se dan cuenta. Esa movilización le sube el costo a una autoridad de violar derechos humanos”, subrayó.
Con información adicional de AFP
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