La comisión que investiga el abuso sexual de menores en las instituciones australianas recomendó hoy una reforma del sistema criminal, que incluye cambios a la ley de confesión para que se puedan denunciar estos casos.
El informe “Justicia Criminal” recomienda que se impongan sanciones criminales contra aquellos que no denuncien un caso de abuso sexual, incluyendo a los que reciben la información a través de la confesión religiosa.
Tampoco se debe otorgar “ninguna excusa, protección o privilegio” a los sacerdotes que no alerten a la policía (de los delitos) por considerar que la información sobre los abusos sexuales se obtuvo mediante la confesión”, según el informe de la Comisión gubernamental sobre las respuestas institucionales a los abusos sexuales.
“La Comisión Real ha oído de casos en ambientes religiosos en los que los agresores que hicieron una confesión religiosa sobre el abuso sexual de niños continuaron con sus ofensas y buscaron perdón”, explicó el documento.
La Iglesia Católica, con fuerte presencia en Australia, recibió quejas de 4.500 personas por presuntos abusos a menores cometidos por unos 1.880 miembros de esta institución, sobretodo hermanos y sacerdotes, entre 1980 y 2015, aunque algunos casos se remontan a la década de 1920.
A principios de año, varios arzobispos australianos admitieron que la respuesta de la Iglesia Católica del país ante los casos de pederastia fue equivocada y lindó con la “negligencia criminal”
La Comisión, creada en 2012, remarcó busca mejorar la atención a las víctimas y sancionar con mayor severidad a los agresores como a aquellos que “fracasan” en la protección y en la denuncia de los casos.
“Los casos de abusos sexuales son generalmente ‘palabra contra palabra’ y carecen de testigos o evidencias científicas o médicas. Los demandantes generalmente toman años o décadas en denunciar el abuso”, dijo el director ejecutivo de la Comisión, Philip Reed en un comunicado.
Tras conocerse el informe, el director ejecutivo del Consejo de Verdad, Justicia y Reconciliación de la Iglesia Católica, Francis Sullivan, dijo que si las recomendaciones se convierten en ley, los miembros del clero se verán obligados a “obedecer la ley o sufrir las consecuencias”.
El informe con 85 recomendaciones además recomienda un cambio en las leyes para que los delitos de pederastia sean sancionados con los estándares vigentes y no de la época en que se cometió el delito, aunque limitando la pena máxima.
También insta a una reforma que permita un mayor uso de evidencias por parte de víctimas múltiples respecto a un agresor común, así como una ampliación de la definición de seducción de un menor para perpetrar un delito sexual en su contra y permitir la sanción también de miembros del entorno familiar.
Según datos revelados por la Comisión, entre julio de 2012 y junio de 2015, los tribunales de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, abordaron unos 2.604 casos de abusos sexuales, en los cuales un 40 por ciento de los agresores no fueron sentenciados por esos delitos,
