El 19 de abril del 2018 miles de personas comenzaron a manifestarse contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, luego de que se promulgara una controvertida ley para reformar el Seguro Social, la cual disminuía los ingresos de los ancianos del país. El estancamiento económico, la supuesta corrupción y el nepotismo en el poder, fueron también alicientes para que la gente saliera a las calles para mostrar su descontento.
El rostro íntimo de la violencia
“A mi hijo lo mataron el 01 de julio. Fue una persecución increíble la que le hicieron a él. Me lo mataron los de la Juventud Sandinista. No merecía la muerte mi hijo. ¿Cómo lo vuelvo a repetir? Y esto nadie me lo va a quitar de mi mente. Los culpables son Rosario Murillo y Daniel Ortega. Porque ellos son los que han mandado a asesinar a esta gente”.
Rosa Tiffer, madre de Néstor Molina Tiffer, recuerda en su casa de Managua uno de los momentos más tristes de su vida, cuando su hijo murió acribillado en una de las barricadas que se había instalado en una zona rural de Nicaragua, levantada para detener el avance de la Policía Nacional y los paramilitares. Rosa es una ex combatiente de la guerrilla sandinista que se formó para derrocar al dictador Anastasio Somoza en 1979. Daniel Ortega fue uno de los líderes de ese movimiento insurgente que luchó por devolver el poder al pueblo. Pero luego de veintidós años como jefe de Estado, Ortega, según sus opositores, es ahora quien encarna la figura del dictador.
Nicaragua se encuentra hoy dividido entre quienes desean que el presidente termine su período y quienes exigen que renuncie inmediatamente.
El Senado de Estados Unidos aprobó endurecer la presión contra el Gobierno de Nicaragua por las detenciones de opositores y precandidatos presidenciales. Source: AAP
El 19 de abril del 2018 miles de personas comenzaron a manifestarse contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, luego de que se promulgara una controvertida ley para reformar el Seguro Social, la cual disminuía los ingresos de los ancianos del país. El estancamiento económico, la supuesta corrupción y el nepotismo en el poder, fueron también alicientes para que la gente saliera a las calles para mostrar su descontento.
Principalmente fueron los jóvenes quienes conformaron el corazón de las protestas. Exigían revertir la polémica reforma y mejorar las condiciones de vida en un país donde más de un tercio de la población vive bajo el umbral de la pobreza. A pesar de las muestras de descontento, inicialmente el Gobierno no dio marcha atrás en la reforma y actuó duramente contra quienes se manifestaban en las calles, dejando un reguero de víctimas, tal como acusan los opositores.
Nicaragua's leader has abandoned pensions reforms to end violent protests. Source: AAP
Los manifestantes levantaron entonces barricadas en diferentes ciudades y pueblos del país, las cuales fueron defendidas con hondas y morteros caseros. Pero la Policía y su cuerpo antidisturbios, además de los paramilitares y las Juventudes Sandinistas, que apoyaron al Gobierno para retomar el control del país, contaban con armas de fuego. Incluso tenían armas de guerra. En estos enfrentamientos se registraron siete muertes, según datos del Gobierno. Organizaciones internacionales como la ONU, OEA, HRW y GIEI denunciaron estos hechos en sendas visitas a Nicaragua.
Los primeros jóvenes muertos
Jóvenes como Richard Pavón, estudiante de escuela secundaria, fueron asesinados supuestamente por oficiales del Estado en esos primeros días de protestas.
Maricruz Bermúdez, la madre de Richard Pavón, cuenta lo que pasó a los micrófonos de Radio SBS:
“Mi hijo era un estudiante de 17 años. Él estuvo apoyando las marchas cuando se dio lo del INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social). Algunos dicen que ese día él fue a mirar lo que estaba pasando en una marcha cerca de la Alcaldía de Tipitapa. Habían incendiado un carro. Lo que sabemos es que a mi hijo le dispararon directamente desde la Alcaldía, un CPF (Cuerpo de Protección Física) de la alcaldía lo asesinó. Él murió el 19 de abril. Fue uno de los primeros asesinados”.
Source: Claudio Vásquez
Un diálogo de sordos
El día 22 de abril, el presidente Daniel Ortega anunció la revocación de la polémica reforma a la Seguridad Social. Sin embargo, el país ya lloraba algunos muertos: dos policías, un periodista, tres estudiantes y un trabajador.
Durante el mes de mayo de 2018 se logró establecer una mesa de diálogo con los representantes de las diferentes partes en disputa: el gobierno, los estudiantes, los campesinos, la Iglesia Católica y el sector empresarial. La ronda de conversaciones fracasó, no obstante, debido a las posturas distanciadas de los participantes.
“A todos nos duele la muerte de nuestros seres queridos, pero también tenemos la obligación de no responder a la violencia con violencia, lo que después termina con guerra, y el pueblo está cansado de eso”, decía entonces el presidente Daniel Ortega en el marco del Diálogo Nacional de Nicaragua.
La disolución del Diálogo Nacional dio paso a más manifestaciones y a otra ola de violencia. Para junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), totalizaba cerca de 127 muertos y más de mil heridos en las protestas y enfrentamientos. Entre esos heridos se encontraba Ezequiel Leiva:
A police officer aims his weapon at demonstrators during clashes in Managua, Nicaragua, on Friday.
“Mi hijo estaba en las luchas que se iniciaron cuando el gobierno de Nicaragua sacó un comunicado sobre el asunto del seguro social. El día 28 de mayo, la lucha amaneció tremenda en la UPOLI (Universidad Politécnica de Nicaragua). Y ese día él recibió un impacto de bala de un francotirador. Ese disparo le perjudicó todos los órganos. Y esa fue la causa por la que él murió”, dice Gamaliel Leiva, padre de Ezequiel.
Un crimen y un supuesto complot
Ezequiel Leiva, de 26 años de edad, tuvo que ser internado en el centro hospitalario Salud Integral el día 31 de mayo debido a la gravedad de sus heridas. Ahí se mantuvo en coma hasta el 17 de septiembre cuando murió a consecuencia de sus heridas.
A pesar de estar internado en un hospital, Leiva fue acusado por la Policía Nacional de asesinar a un ciudadano estadounidense, Sixto Henry Vera, el día 02 de junio. Él no fue el único acusado, pues Néstor Molina Tiffer, quien también estaba involucrado en las protestas de la UPOLI, fue el otro responsabilizado por esa muerte.
En conferencia de prensa, la Policía Nacional informó: “Comunicamos el asesinato, por manos de delincuentes, en contra de Sixto Henry Vera. Hecho ocurrido el día sábado 02 de junio, cerca de las 02:00 en la madrugada. Los autores de este reprochable hecho y horrendo crimen: Néstor Molina Tiffer y Ezequiel Leiva. Ambos jefes de pandillas delincuenciales que operan cerca de la UPOLI”.
Un documento emitido por el mismo hospital en donde era atendido, certificó que Ezequiel Leiva había sido ingresado en estado grave tres días antes del asesinato de Henry Vera.
“Usted me podría decir, ¿cómo podría participar una persona que está hospitalizada, en coma, en un hospital? ¿Cómo va a participar en un hecho delictivo o en un crimen? Porque a él lo involucran en un crimen, que en este crimen es acusado de asesinar a un norteamericano, Sixto Vera. Pero realmente eso es absurdo”, dice Gamaliel Leiva, padre de Ezequiel.
En el caso del otro implicado, Néstor Molina Tiffer, testigos y familiares aseguran que éste se encontraba junto a amigos y conocidos en una casa de seguridad en Managua, lugar en donde se refugiaban los jóvenes manifestantes para escapar de las persecuciones de la Policía y paramilitares. Una testigo que estuvo junto a él aquella noche (quien no desea revelar su identidad por temor a represalias), niega absolutamente la participación de Molina Tiffer en el asesinato de Vera:
Protestors take part in a rally to mark 100 days of unrest, in Managua, Nicaragua. Source: AAP
“Alrededor de la 01:00 am, Tiffer llegó ahí. Pobre, con dolor de cabeza, vómitos, enfermo, desesperado. Y se acostó. Luego se fue por la mañana. Ahí supimos que un ciudadano estadounidense había sido asesinado”.
Néstor Molina Tiffer se trasladó posteriormente a la montaña, en Chontales. Ahí se unió a la lucha campesina. Néstor murió el día 01 de julio supuestamente en un enfrentamiento con las Juventudes Sandinistas, formación política en la que él había militado hasta abril de 2018. Los análisis forenses confirmaron que falleció por las heridas causadas por cuatro balazos de diferentes calibres, algunos disparados con armas de guerra, como la AK47 que le perforó el pecho. La Policía Nacional, en cambio, declaró que su muerte se debió a una riña entre borrachos que terminó en asesinato. Rosa, la madre de Néstor, insiste en la tesis del complot:
“A él lo acusan del asesinato del americano. Cosa que es falsa. Yo tengo testigos de que mi hijo no estaba en ese acto de ahí. A él lo incriminan y lo ponen un rosario de crímenes. Todas las porquerías que hace Daniel Ortega se las está echando a los líderes estudiantiles. Todos los asesinatos.
Sale el muchacho (Ezequiel Leiva), que tres o cuatro días atrás estaba entre la vida y la muerte. En eseestado. Entonces yo dije '¿Y esto?' No saben ni cómo mentir. Es la verdad. Ahí se notó que era una mentira. Ahí se les empieza a caer la máscara”.
Talks have stalled between the Nicaraguan government and civil groups to end months of violence. (AAP) Source: AAP
Un conflicto sin fin
Hasta el día de hoy, más de 30.000 personas se han exiliado en otros países escapando de la violencia en Nicaragua. Según los informes de diferentes organismos de derechos humanos, tanto nicaragüenses como extranjeros, la suma total de víctimas fatales desde el inicio del conflicto oscila entre 350 y 450 personas. El gobierno de Ortega y Murillo, sin embargo, informa que el número de muertos asciende solamente a 197, de los cuales 22 son policías. Debido al caos reinante y las dificultades para informar de manera independiente, es difícil establecer el número real de muertos, heridos y encarcelados.
Alrededor de trescientos ciudadanos nicaragüenses que han sido detenidos en el transcurso del conflicto, permanecen en prisión hasta el día de hoy. Reclaman no tener acceso a un juicio imparcial. Tomás Maldonado, mayor retirado del Ejército Popular Sandinista y ex secretario político del FSLN (partido gobernante), se encuentra detenido supuestamente por haberse negado a participar de la represión contra los opositores al gobierno, tal como nos relata su hija Jessenia:
“El 02 de agosto a él lo secuestraron paramilitares armados y encapuchados desde la casa de mi hermana. Estuvo 23 días incomunicado en la cárcel. (…) Él nos dijo que lo habían llamado para participar en toda esta represión, sabiendo de su trayectoria militar. Él se niega completamente. A partir de entonces lo comienzan a amenazar y perseguir”.
Pero los partidarios del Orteguismo niegan esas situaciones. Afirman que los manifestantes son pagados por los Estados Unidos con la intención de desestabilizar la legítima democracia de Nicaragua. Dicen también que el número de muertes que contabilizan las organizaciones de derechos humanos está inflado intencionalmente, pues entre las víctimas políticas se están considerando también a los muertos por crímenes comunes. Culpan a la prensa y a poderes extranjeros de querer desinformar acerca de lo que realmente está sucediendo en el país.
El presidente Ortega también ha acusado directamente a Estados Unidos de estar tras el intento de golpe de estado. Así lo afirmó a los micrófonos de Euronews:
A young man holds a mortar spear during a protest in support of the city of Masaya in Managua, Nicaragua, 04 June 2018. Source: AAP
Source: Foto cortesía Revista Estrategia & Negocios
“Están todas las cuentas de que los organismos de Estados Unidos, a través de USAID y otros organismos norteamericanos, envían a toda esta gente. Incluso dicho por ellos públicamente. Anunciados por ellos la cantidad de millones que asignan a Nicaragua. Para la democracia, dicen ellos. Pero son fondos que luego se desvían. ¿Para qué? Para desestabilizar el país, provocar la violencia y estimular acciones armadas”.
Luego de más de nueve meses de enfrentamientos las protestas se han acallado y las barricadas han desaparecido. Los únicos que marchan por las calles son los seguidores de Ortega. Tal como lo hiciera Somoza en 1979, el Gobierno de Ortega ha promulgado leyes que criminalizan las manifestaciones. Quienes las promueven o protesten pueden ser acusados de terrorismo y participación en el supuesto golpe de Estado. Mientras tanto, llama públicamente a la paz y reconciliación de todos los nicaragüenses, tal como lo hizo Rosario Murillo desde su tribuna de vocera del Gobierno en el mes de enero de 2019:
“Estamos iniciando otra semana para el trabajo, para avanzar en el trabajo, en la seguridad. Para avanzar en el diálogo. Para avanzar en la reconciliación y paz. Para avanzar en la Nicaragua que todos queremos. La Nicaragua que necesita vivir en paz, trabajar en paz, prosperar, aprender”
Pero los familiares de los caídos no creen en la palabra del Gobierno y exigen justicia para sus muertos. Como Gamaliel Leiva, quien no olvida que fueron agentes del Estado quienes asesinaron a su hijo Ezequiel y supuestamente quisieron involucrarlo posteriormente en un asesinato:
“Ezequiel es una víctima. Es una víctima que lo asesinó el Estado. Esa es la palabra. Lo asesinaron por participar en las marchas. Participar en protestas contra el gobierno. Es una víctima más de este gobierno. (…) Dice el lema: “Derecho que no se defiende, derecho que se pierde”. Entonces, cómo se violentan los derechos y cómo se pierden a cada momento en esta nación”.
*Diversos representantes del gobierno de Nicaragua consultados por SBS se negaron a declarar de forma anónima o pública respecto a este conflicto en este reportaje.
