Sinopsis
Cuatro años después de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, una ola de represión constante recorre el país centroamericano.
El observatorio Azul y Blanco denuncia detenciones, hostigamientos y allanamientos selectivos por parte de la policía en busca de papeletas en viviendas de las víctimas de 2018, para evitar actividades en exigencia de justicia.
La organización civil registró “29 incidentes relacionados a violaciones de derechos humanos”, incluyendo “siete hostigamientos” y “seis detenciones” de personas que han expresado su rechazo hacia Ortega, incluyendo cuatro músicos.
Monitoreo Azul y Blanco también reportó 11 allanamientos a familias opositoras, cuatro amenazas y una “judicialización”.
Entre las detenciones recientes destaca la del músico Josué Monroy, integrante de la Banda Monroy y Surmenage. También la del productor musical Leonardo Canales, director de La Antesala; así como dos gerentes de Saxo Producciones. Según sus parientes, las viviendas fueron allanadas por los policías, sin orden judicial y usando la violencia.
Fuentes del entorno artístico detallaron que Josué Monroy había cortado toda relación con Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial de Nicaragua, que todavía lo buscaba para que actuara con ellos en la banda “Ciclo”. Desde que él se negó a tener contacto con cualquier figura de la dictadura, comenzó a recibir amenazas de números desconocidos.
Aunque las autoridades de Nicaragua no han explicado las razones de las detenciones, los activistas de ese gremio las atribuyen a razones políticas.
Mientras, el obispo de la diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, ha denunciado en varias ocasiones que es víctima de asedio y persecución por parte de simpatizantes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El presiente Ortega ha calificado a los obispos de “golpistas” y los ha acusado de “ser cómplices” de fuerzas internas y de grupos internacionales para derrocarlo.
En 2018 los nicaragüenses se levantaron en masivas protestas antigubernamentales contra una reforma al sistema de salud que se extendieron hacia el gobierno de Daniel Ortega.
Hubo barricadas y choques con la policía. El país se paralizó por cinco meses y las protestas fueron reprimidas.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los enfrentamientos dejaron al menos 355 muertos y miles de personas arrestadas, de las cuales 181 continúan en prisión, más una cantidad superior a 100.000 nicaragüenses en el exilio.
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