Puntos destacados:
- La presidenta de Honduras declaró emergencia nacional en algunos barrios y municipios, como parte de un plan para frenar la extorsión de los grupos delictivos.
- Unos 70 mil pandilleros siembran el terror en barrios y colonias de las principales ciudades de Honduras.
- Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la extorsión supone una de las principales causas del desplazamiento forzado en el país.
Sinopsis
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró emergencia nacional con suspensión de las garantías constitucionales y toques de queda en algunos barrios y municipios, como parte de un plan de seguridad para frenar la extorsión de las maras y pandillas.
Unos 70 mil pandilleros siembran el terror en barrios y colonias de las principales ciudades de Honduras que han emigrado también a zonas rurales, según organismos no gubernamentales.
Los narcotraficantes y los pandilleros tienen a Honduras con una tasa de homicidios de cerca de 38 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo.
Ante dicha situación, la mandataria lanzó la estrategia asegurando que la extorsión es una de las principales causas de inseguridad, migración, desplazamiento forzado, muertes violentas y de cierre de pequeños y medianos negocios en Honduras.
Antes del anuncio, cientos de transportistas se manifestaron en la capital de Honduras exigiendo al gobierno poner freno a las pandillas que los extorsionan cobrando «impuesto de guerra».
Unas sesenta personas ligadas al transporte han sido asesinadas en lo que va del año en Honduras, la mayoría por negarse a pagar el "impuesto de guerra".
En las grandes ciudades hondureñas era común las denuncias por extorsión. Pero, en los últimos meses, dueños de negocios, comercios y transportistas del interior de Honduras han denunciado que son víctimas de grupos criminales porque los cabecillas de pandillas han huido de la ciudad para internarse en aldeas o pueblos y evitar ser capturados.
Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la extorsión supone una de las principales causas del desplazamiento forzado en el país, siendo los transportistas y los comerciantes, los más afectados. Así lo dijo Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana.
